En diciembre de 2025, un joven ciclista falleció tras ser atacado por una jauría de perros en la cuesta Cardones, en la ruta C-400. A raíz de este hecho, familiares, deportistas y personas cercanas a la víctima organizaron una reunión junto a instituciones públicas de la región con el objetivo de buscar soluciones frente al problema de los perros asilvestrados presentes en distintos sectores de Atacama.
Durante el encuentro, las entidades participantes se comprometieron a elaborar instructivos dirigidos a la ciudadanía para informar cómo actuar frente a ataques de perros. Asimismo, se planteó la necesidad de que diputados y senadores de la región impulsaran la problemática a nivel nacional ante el Congreso. Sin embargo, según investigó Canal Paipote, hasta la fecha no existiría un seguimiento público respecto a los compromisos adquiridos en dicha instancia.
En lo que va de 2026, cerca del sector de Paipote, al menos tres personas han denunciado ataques de jaurías: dos jóvenes menores de 25 años y un hombre mayor de 50, quienes resultaron con mordeduras de diversa gravedad.
De acuerdo con comentarios difundidos en redes sociales, los perros involucrados tendrían dueños identificados y las víctimas habrían realizado las denuncias correspondientes. En este contexto, la Ley 21.020, conocida como Ley Cholito, establece que quienes tengan animales bajo su cuidado son responsables de los daños que estos puedan ocasionar.
Por otra parte, el Estado y las municipalidades mantienen responsabilidades vinculadas a la prevención y tenencia responsable de mascotas. En esa línea, el Instituto de Seguridad del Trabajo cuenta con un “Manual de Prevención de Mordeduras”, donde se entregan recomendaciones para identificar conductas agresivas en perros, actuar ante un ataque y seguir protocolos posteriores a una mordedura.
No obstante, la situación continúa generando preocupación entre vecinos y deportistas de la región, quienes cuestionan los tiempos de respuesta y las medidas concretas adoptadas por instituciones como la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio de Salud y las municipalidades. La principal inquietud apunta a si las investigaciones y acciones preventivas son suficientes frente a una problemática que, aseguran, continúa afectando a distintas comunidades de Atacama.
